El ministro de Salud de Corrientes había dicho que eso no iba a ocurrir. Denuncias desprotección de autoridades locales.
A pesar de las promesas y afirmaciones de funcionarios nacionales y provinciales del área Salud Pública, discapacitados y trasplantados correntinos están alarmados por los fuertes recortes en las prestaciones del programa nacional Incluir Salud.
Se trata de un programa financiado con recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Las autoridades de esa área aseguran desde hace semana que no iban aplicarse recortes pero la realidad es totalmente a la inversa desde la llegada del gobierno libertario.
"Con estas medidas nos están condenando a muerte. Entendemos que existen problemas económicos, pero para nosotros significa poner en juego la salud y la vida", denunció Walter Cardozo. Es uno de los 250 trasplantados en la provincia de Corrientes y que de por vida debe seguir una serie de tratamientos médicos que incluyen estudios de mediana y alta complejidad.
Al final terminamos siendo nosotros los culpables. En el caso de los trasplantados estamos sin medicación y con lo único que contamos es con inmunosupresores, indispensables para que el organismo no rechace el trasplante", se quejó al ser entrevistado por un diario –época- de Corrientes.
"Incluir Salud ya nos había anticipado que nos iban a recortar los medicamentos a la mitad, por lo tanto hicimos todos los trámites para recibir la otra mitad. Sin embargo, cuando fuimos a la obra social no nos dieron ninguno. El precio de los remedios que necesitamos es incalculable y los más caros son los inmunosupresores", remarcó.
El ministro de Salud de Corrientes declaró hace dos semanas a través de su cuenta oficial de X: "Me puse en contacto con el director ejecutivo de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien me aseguró que las prestaciones de Discapacidad a través del Programa Incluir están garantizadas por la Nación".
Según relevamiento hecho por las autoridades sanitarias de la provincia, en Corrientes hay de 250 trasplantados dependen del programa en Corrientes y a ese grupo se le suman discapacitados que también sufrieron el recorte. En el país son casi medio millón de personas afectadas. Además hay 11.190 solicitudes de inscripción que están frenadas y sin respuesta ante los reclamos.