Las empresas advierten que con el ajuste, la duplicación de los costos y quita de aportes federales; las Provincias y los Municipios también dejarán de ejecutar obras. En Corrientes hay más de 300 proyectos de grandes infraestructuras y miles de puestos de trajo en riesgo.
Los proyectos de infraestructura que el Estado Nacional financiaba en todo el país, comenzaron a paralizarse el mismo día en que Javier Milei asumió la presidencia. El rubro iniciará en febrero su tercer mes de parálisis, lo que es un tiempo prolongado de certificados de obras sin cobrar que se acumulan, más del 100% de devaluación y 65% de inflación que se acumularán en los primeros tres meses de administración.
El 12/12/23 la administración de Milei anunció que se sólo suspendían el inicio de las obras que habían sido licitadas y/o adjudicadas; pero que no habían comenzado a ejecutarse. Y que los proyectos que ya estaban en ejecución, iban a continuar hasta finalizar cada obra.
Lo que ya era una certeza para las empresas del sector, de que no iban a continuar ni las obras que estaban en ejecución; se terminó de confirmar con el escandaloso despido de Guillermo Ferraro; más el desguace y el cierre del Ex Ministerio de Infraestructura.
Con los costos duplicados, una deuda estimada en $300.000 millones y sin un Ministerio que resuelva los problemas del sector; las empresas comenzaron a levantar obradores y el 56% de los trabajadores registrados del sector están entre suspendidos y despedidos.
La Cámara Argentina de la Construcción estimó que ya se paralizaron unas 3.500 obras públicas que estaban en ejecución. Y entre las obras facturadas y las que están en ejecución, “existe una deuda con las empresas del orden de los $300.000 millones” comunicó Camarco.
Mientras que el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que la construcción, todo el sector, tiene un total de 440.098 trabajadores registrado. Según las empresas, hasta fines de enero hay más de 250.000 personas suspendidas y despedidas (56% de los registrados) solo por la paralización de las obras públicas.
Las empresas les dieron vacaciones adelantadas en diciembre a sus trabajadores y a medida que fueron regresando, en enero les fueron entregan los telegramas de suspensiones y despidos para que accedan al fondo de desempleo de la construcción.
Camarco advirtió que la crisis del sector se profundizará porque, en el actual contexto de ajuste y quita de aportes federales, las Provincias y los Municipios también dejarán de ejecutar obras públicas. Y con la devaluación y la duplicación de los costos, también paralizará proyectos el sector privado.
En la provincia de Corrientes el impacto de la paralización de la obra pública con financiamiento nacional, comenzó a visibilizarse con el freno a la ejecución de la obra hidroeléctrica Añá Cuá en Yacyretá (Ituzaingó); valuada en US$400 millones, que tiene 41% de avance y más 500 puestos de trabajo argentino en riesgo.
Le siguió el anuncio de que no comenzará la ejecución de las obras complementarias (circunvalaciones en Corrientes y Resistencia) del segundo puente Corrientes-Chaco, que tiene licitación, adjudicación y financiamiento asegurado del BID por US$700 millones.
A mediados de enero docentes, alumnos y tutores comenzaron a mostrar cómo las empresas desarmaban obradores, levantaban máquinas y despedían trabajadores de las obras donde se construían nuevas Escuelas Técnicas, Colegios Secundarios, Primarios, Jardines que en Corrientes suma casi 60 proyectos por más de $15.500 millones -que están en ejecución con fondos nacionales- en las que trabajan unos 2.000 obreros.
Al cierre de diciembre 2023 en la Provincia Corrientes había unas 310 obras públicas en ejecución por más de $80.000 millones, que venían siendo financiadas por el Estado Nacional y que ahora no tienen garantía de continuidad: